Ｄａｎｉｅｌ Ｇａｒóｆａｎｏ

Fraude electoral, pucherazo, gobierno ilegítimo…

Si atendemos a una parte del debate político español de los últimos años, estos términos se repiten una y otra vez desde la oposición. Gobiernos ilegítimos, elecciones fraudulentas, manipulación del sistema electoral o mayorías obtenidas de manera irregular forman parte habitual del lenguaje político contemporáneo.

Pero, como podemos imaginar, esto no es una novedad del siglo XXI ni de nuestra moderna y saturada sociedad de la «información».

La acusación de fraude electoral tiene una larga historia en España y en pocos momentos adquirió tanta importancia como en las elecciones de febrero de 1936, las últimas celebradas durante la Segunda República antes del golpe de Estado y de la Guerra Civil.

En este capítulo quiero detenerme en otra de esas falacias históricas que los golpistas consiguieron instalar durante décadas en el imaginario colectivo y que todavía hoy continúan apareciendo, convenientemente actualizadas, en determinados discursos políticos e historiográficos.

Porque una de las principales justificaciones construidas para explicar —y posteriormente legitimar— el golpe de Estado de julio de 1936 fue precisamente esta: que las elecciones de febrero habían sido fraudulentas y que, por tanto, el Gobierno del Frente Popular carecía de legitimidad.

La operación intelectual era sencilla y extraordinariamente útil.

Si el Frente Popular había llegado al poder mediante el fraude, su Gobierno podía presentarse como ilegítimo.

Y si era ilegítimo, la sublevación militar podía dejar de aparecer como lo que realmente fue —un golpe de Estado contra un Gobierno constituido legalmente— para convertirse, en el relato de sus defensores, en una acción necesaria para restaurar la legalidad.

El problema es que la historia es bastante más compleja.

Y, sobre todo, que una cosa es demostrar que existieron irregularidades y otra muy distinta demostrar que esas irregularidades transformaron unas elecciones perdidas por la derecha en una victoria ficticia del Frente Popular.

La acusación de fraude no nació después de la guerra. Formó parte del clima político inmediatamente posterior a las elecciones y de las denuncias realizadas por diferentes sectores de la derecha.

Pero fue el franquismo quien convirtió aquella acusación en una pieza fundamental de la legitimación histórica del nuevo régimen.

Desde 1939, las instituciones franquistas construyeron un relato destinado a justificar retrospectivamente el golpe de Estado y la posterior victoria militar.

En ese contexto apareció el Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, elaborado bajo el nuevo régimen y publicado en 1939. El documento sostenía que el proceso electoral había sido manipulado y que el Frente Popular había conseguido una mayoría parlamentaria que no le correspondía.

El propio dictamen constituye hoy una fuente histórica de enorme interés, pero precisamente por lo que representa: la construcción oficial de la justificación franquista. No podemos utilizar como prueba neutral de un supuesto fraude aquello que fue elaborado por el régimen vencedor para demostrar la ilegitimidad del régimen derrotado.

Aquellas explicaciones no eran simples interpretaciones del pasado.

Formaban parte de la arquitectura ideológica del franquismo.

Había que demostrar que la República había perdido su legitimidad antes del 18 de julio. Había que presentar la sublevación como una respuesta inevitable ante un poder fraudulento, revolucionario y antiespañol. Y había que construir un relato suficientemente sólido como para sobrevivir a los propios protagonistas de la guerra.

En buena medida, lo consiguieron.

Durante décadas, buena parte de aquellas justificaciones fueron transmitidas como hechos históricos indiscutibles.

Como ya señalé en La causa general. Propaganda y relato por décadas, esta fue una de las características fundamentales de la historiografía oficial del franquismo.

Con la democracia, la historiografía profesional desmontó progresivamente muchas de las grandes construcciones propagandísticas de aquellos años.

Pero algunas nunca desaparecieron del todo.

La tesis del fraude electoral de 1936 fue recuperada y reformulada por diferentes autores y divulgadores revisionistas. Entre ellos destaca Pío Moa, que durante años contribuyó a popularizar una interpretación de la Segunda República muy crítica con buena parte de los consensos historiográficos establecidos.

El asunto alcanzó una nueva dimensión en 2017, con la publicación de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.

El libro reabrió con fuerza el debate.

Su tesis fundamental era que las elecciones habían estado acompañadas de violencia e irregularidades que, sobre todo durante el recuento, la revisión de actas y los procesos posteriores, habrían permitido al Frente Popular ampliar de manera decisiva su representación parlamentaria. Los propios autores reconocen que no es posible reconstruir con absoluta certeza cuál habría sido el resultado alternativo de no haberse producido esas irregularidades, pero estimaron que pudieron afectar a un número considerable de escaños.

La discusión historiográfica consiste en determinar qué importancia tuvieron realmente y si fueron suficientes para alterar el resultado global de las elecciones (como veremos casi al final)

Desde entonces, más allá de lo que ya conocía sobre el asunto, fui leyendo algunos de los trabajos publicados y escuchando las opiniones de distintos historiadores españoles y extranjeros.

Entre ellos, Santos Juliá, uno de los grandes conocedores de la Segunda República, con su crítica Las cuentas galanas de 1936; Eduardo González Calleja, junto con Francisco Sánchez Pérez, en Revisando el revisionismo; y también las intervenciones de historiadores como Julián Casanova.

La crítica de González Calleja y Sánchez Pérez resulta especialmente interesante porque no niega la existencia de irregularidades: discute que estas permitieran explicar la victoria del Frente Popular como el resultado de un fraude sistemático y decisivo.

Y, finalmente, la lectura de El Frente Popular de izquierdas. De las elecciones a la guerra civil, enero-julio de 1936, de Carmelo Romero hace unas semanas, terminó de proporcionarme una visión mucho más detallada del proceso (algunos de los datos ahí señalados me servirán para este artículo)

Y debo reconocerlo: la sensación de las falacias se repite. Otro déjà vu.

La sensación que producen muchas de las viejas explicaciones elaboradas durante el franquismo: historias que parecían enterradas y que, con el paso de las décadas, vuelven a aparecer convenientemente renovadas.

Porque, en el fondo, cuesta mucho aceptar una idea bastante sencilla:

España no pertenecía —ni pertenece— exclusivamente a la derecha, ni el poder político era patrimonio natural de determinados sectores sociales.

Algo parecido señalé recientemente en Los inventores de la ingeniería electoral

Cuando una fuerza política considera que el poder le pertenece por derecho natural, resulta especialmente difícil aceptar que pueda perder unas elecciones.

Y la historia de España ofrece numerosos ejemplos.

Antes de 1936: cuando ganar las elecciones era casi una costumbre

Aquí aparece una cuestión que me parece especialmente interesante.

Para entender lo excepcional que resultó febrero de 1936, conviene mirar hacia atrás.

1º El sistema electoral español del siglo XIX y de las primeras décadas del XX estuvo muy lejos de nuestros estándares actuales de limpieza electoral. Hubo manipulación, caciquismo, presión sobre los electores, encasillado, compra de votos y todo tipo de mecanismos destinados a fabricar mayorías.

Especialmente durante la Restauración, el resultado electoral no era siempre la expresión espontánea de la voluntad popular, sino que podía ser, en buena medida, el resultado de una maquinaria política diseñada desde arriba.

Por eso resulta interesante observar la evolución de las elecciones españolas desde el liberalismo de la década de 1830 hasta 1936.

La regularidad con la que los gobiernos que convocaban las elecciones conseguían después mantenerse en el poder es extraordinaria.

El sistema de la Restauración llevó esta práctica a una auténtica especialización política. El Gobierno organizaba el proceso, se distribuían candidaturas, los gobernadores civiles intervenían en las provincias y los caciques locales hacían el resto.

El llamado encasillado no era una anomalía marginal.

Era una pieza fundamental del funcionamiento político.

Entre el primer proceso electoral del trienio liberal hasta 1936 hubo 52 elecciones, en 50 ganaron los gobiernos/partido que convocaba las elecciones, de esas 50 (la mayoría bajo el pucherazo caciquil de la Restauración de Cánovas) ganó la rama conservadora desde 1839 y curiosamente fueron las de Abril de 1931 y la de 1936 en las que eso no ocurrió, por ello en 1938, cuando la guerra ya se daba por ganada, Serrano Suñer encarga una comisión de 29 miembros, entre exministros y antiguos caciques, para dictaminar «la ilegalidad de las elecciones de 1936 y 1931»

Y, sin embargo, cuando la derecha ganó las elecciones de 1933, nadie habló de que aquellas elecciones fueran ilegítimas por el simple hecho de que las hubiera ganado quien se encontraba en la oposición.

Las elecciones de 1933 habían sido convocadas por un Gobierno republicano radical presidido por Alejandro Lerroux y dieron una amplia representación a las derechas.

No hubo entonces un gran relato sobre la ilegitimidad de la victoria.

En cambio, cuando las elecciones de 1936 dieron el triunfo a las izquierdas, comenzó a construirse otro relato.

Y aquí aparece un dato histórico que me parece especialmente significativo.

Las elecciones de 1931 y las de 1936 fueron precisamente aquellas en las que el resultado político no siguió el patrón habitual de que el poder establecido consiguiera controlar el resultado de las urnas.

En 1931, las elecciones municipales contribuyeron decisivamente a precipitar la caída de la monarquía.

En 1936, las urnas dieron la victoria al Frente Popular.

Y en ambos casos apareció posteriormente la necesidad de explicar por qué aquello que había ocurrido no debía considerarse legítimo.

No deja de resultar curioso.

Cuando las elecciones daban el resultado esperado, eran elecciones.

Cuando daban uno inesperado, era pucherazo (vamos, nada que no se siga vomitando desde la derecha)

¿Programa? ¿Para qué?

2º A partir de aquí, resulta fundamental analizar cómo se presentó la derecha a aquellas elecciones.

Las derechas se presentaron como Frente antirrevolucionario, sin programa ¿Para qué?.

Estaba claro, diluir la república, poner un gobierno de militares y la vuelta de los Borbones, sus ideas si ganaban casi eran las mismas que si perdían, ¿De verdad que todavía nos creemos las excusas del golpe?.

Un programa que se basaba según Gil Robles en ‘primero Dios y luego España’ o ‘El Parlamento cuando llegue el momento, o se somete o desaparece’….porque para las élites políticas, económicas y sociales, el país es suyo, la bandera es suya y solo responden ante Dios…ese es el mantra que llevan siglos aplicando y si el que es contrario a esas ideas puede vivir en SU país es porque sin los de abajo no pueden ellos prosperar, te dejan porque les conviene.

Eso sí, se llevaron varios miles por delante en la dictadura porque cargarse millones les hubiera venido mal para su beneficio, así actuaron y siguen actuando, cambiaran los nombres y los medios para conseguirlo pero que el país y el poder les pertenece se mantiene.

Porque la elección de 1936 no fue simplemente una competición entre «izquierda» y «derecha».

Las alianzas fueron fundamentales.

El sistema electoral republicano favorecía enormemente a las candidaturas capaces de formar coaliciones. Por eso, presentarse divididos podía significar perder una cantidad importante de escaños aunque la suma de los votos de las candidaturas de derecha fuera elevada.

Las izquierdas lo entendieron y formaron el Frente Popular.

Las derechas también intentaron articular una candidatura común, aunque con diferencias importantes entre sus distintos componentes.

Pero aquí aparece otra cuestión que suele olvidarse cuando se presenta el resultado de febrero de 1936 como un simple enfrentamiento entre dos bloques.

Una parte muy importante de la derecha ya no estaba planteando únicamente la posibilidad de gobernar dentro de la República.

Algunos de sus sectores contemplaban abiertamente la necesidad de transformar o incluso acabar con el régimen republicano.

La CEDA de Gil Robles había evolucionado desde una estrategia de utilización de las instituciones republicanas hacia posiciones cada vez más autoritarias.

Porque si se parte de la idea de que la nación es patrimonio de unos determinados sectores sociales, el resultado electoral puede llegar a percibirse no como una derrota política, sino como una usurpación.

Victoria segura

3º La campaña electoral estuvo además acompañada por una intensa batalla mediática.

En una España sin televisión, sin encuestas demoscópicas modernas y, por supuesto, sin redes sociales, la prensa desempeñaba un papel fundamental en la creación de expectativas.

Periódicos como El Sol, Ahora, ABC o La Veu de Catalunya difundieron diferentes pronósticos y análisis sobre las posibilidades de los bloques dando una derrota vergonzosa de la izquierda.

También algunos dirigentes políticos confiaban en ese resultado.

Gil Robles, Calvo Sotelo e incluso figuras procedentes del republicanismo conservador participaban de ese clima de confianza.

Y resulta especialmente llamativo el caso del conde de Romanones, considerado durante décadas un hombre con una notable capacidad para anticipar los resultados electorales.

Claro que había una pequeña ventaja.

Durante buena parte de su carrera política, Romanones había vivido dentro de un sistema en el que los resultados electorales se podían prever con bastante facilidad desde los despachos del poder.

Así también apuesto yo.

El problema es que en febrero de 1936 las cosas ya no funcionaban como durante la Restauración.

El 16 de febrero de 1936, las urnas hablaron.

Y la sorpresa en determinados sectores de la derecha fue enorme.

Violencia

4º En el título del libro de Tardío y Villa aparece otro elemento fundamental: la violencia.

Y resulta más que curioso que los golpistas —que se autodenominaron «nacionales» en lugar de llamarse por lo que realmente fueron, golpistas y traidores — utilizaran también la violencia de la primavera de 1936 como una de las grandes legitimaciones de su golpe de Estado.

Porque la violencia, efectivamente, existió. Pero habría que preguntarse quién la utilizó, cómo y, sobre todo, qué papel desempeñó en aquellos años.

El historiador Eric Hobsbawm señalaba en su historia del siglo XX que, de los aproximadamente 35 países con gobiernos democráticos elegidos existentes en 1920, en 1938 apenas quedaban 17. El resto, en su mayoría, habían caído bajo el avance de regímenes autoritarios y de extrema derecha. Algunos de ellos, como España o Portugal, mediante golpes militares.

Y aquí aparece una paradoja bastante evidente.

Resulta curioso que tanta denuncia sobre el fraude y la violencia política acabara llevando a buena parte de Europa y del mundo a plegarse ante dictaduras de inspiración fascista que destruían las democracias. Sin embargo, esa misma violencia, atribuida constantemente a los sectores de izquierdas, no llevó al mundo a llenarse de gobiernos socialistas o comunistas.

¡Qué torpes !, ¿no?

Es más, las cifras de Eduardo González Calleja sobre las víctimas de carácter sociopolítico durante la Segunda República ayudan a poner las cosas en perspectiva.

Entre 1931 y 1936 se produjeron 2.629 víctimas mortales de la violencia sociopolítica. Una parte muy importante (sobre el 60%) de ellas se concentró en 1934, especialmente como consecuencia de la represión de la Revolución de Octubre.

Si analizamos el conjunto de esas víctimas, encontramos además otro dato significativo: una parte muy importante pertenecía al mundo obrero. Muchos de ellos murieron como consecuencia de la actuación represiva del propio Estado.

Guardia Civil, Policía y Ejército fueron responsables de numerosas muertes durante la represión de huelgas, protestas campesinas, insurrecciones y movilizaciones obreras.

Es decir, durante los seis años de la República, las víctimas no fueron únicamente consecuencia de la violencia revolucionaria o de los enfrentamientos entre militantes de diferentes organizaciones.

También hubo una violencia ejercida desde el propio Estado.

Y sus víctimas se concentraron, en gran medida, entre sectores vinculados al movimiento obrero: afiliados o simpatizantes de la UGT, la CNT y el PSOE.

Esto no significa, por supuesto, que no existiera violencia procedente de la izquierda.

Existió.

Pero la historia resulta bastante más complicada que la caricatura que presenta a una izquierda descontrolada aterrorizando a una sociedad pacífica e indefensa basandonos solo en lo que nos conviene como la quema de Iglesias…etc que ya traté hace años en otro artículo llamado República y Anticlericalismo

Y voy más allá.

Si cerramos el paréntesis y nos centramos únicamente en los meses que van de febrero a julio de 1936, ¿qué hacemos con las actitudes de determinados políticos y militares?

Por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera.

El 14 de marzo, desde la cárcel, volvía a dejar claro que Falange no aceptaría los resultados electorales antes de conocerlos y que, una vez conocidos, tampoco iba a aceptar —según sus propias palabras— la «destrucción de España».

Otra vez la misma obsesión.

La supuesta destrucción de lo suyo.

Y animaba a sus seguidores a continuar con lo que denominaba una empresa «peligrosa y gozosa» de reconquista.

Qué pesados son antes y ahora con el temita.

Falange fue responsable de alrededor de sesenta asesinatos durante la primavera de 1936 y sufrió también bajas entre sus militantes. Es decir, en aquella «gozosa empresa» de reconquista estaban ya participando activamente.

En esa violencia de la que después se quejan determinados revisionistas como Pío Moa, César Vidal o los propios Tardío y Villa.

Porque aquí hay una cuestión que no deberíamos perder de vista:

la violencia y la conspiración avanzaron juntas.

Y quizá deberíamos darle la vuelta a la explicación habitual.

No fue simplemente que la violencia provocara la conspiración.

En buena medida, la conspiración necesitaba un clima de violencia.

Necesitaba que el país pareciera ingobernable.

Necesitaba convencer a determinados sectores de que la República estaba acabada.

Necesitaba justificar la intervención militar.

No hay tantas casualidades.

Y para terminar esta cuestión viene bien volver, una vez más, a las palabras del principal organizador del golpe de Estado: Emilio Mola.

Porque no hay casualidades.

En sus instrucciones para los conspiradores dejó escrito:

«Hay que sembrar el terror; hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros».

Y también:

«Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado».

Esto no lo escribió ningún dirigente del Frente Popular.

No lo escribió un militante de la CNT.

No lo escribió Largo Caballero.

Lo escribió el director del golpe de Estado.

Y quizá eso nos ayude a entender algo fundamental:

la violencia no fue únicamente una excusa utilizada después para justificar el golpe. En buena medida, también formaba parte del propio plan.

La conspiración necesitaba violencia.

Y los golpistas sabían perfectamente cómo utilizarla. Y eso nos lleva a la última cuestión

La «aceptación»

5º El resultado: A los golpistas les molestó tanto el resultado de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que acabaron considerándolas ilegítimas, igual que harían después con las de 1936.

Es lo que suele ocurrir cuando quienes están acostumbrados a trampear y a controlar los resultados se encuentran, de repente, con algo que no esperaban.

Además, las elecciones de 1931 se celebraron bajo la Ley Electoral de 1907. Es decir, bajo el sistema de la Restauración, de Maura, de la Monarquía y de las élites políticas que habían gobernado España durante décadas.

Así que, menos lobos.

Pero no vamos a analizar ahora aquellas elecciones. Para quien quiera profundizar en ellas, recomiendo el libro de Carmelo Romero Las elecciones que acabaron con la monarquía. El 12 de abril de 1931.

Las elecciones de febrero de 1936, por su parte, se celebraron bajo el sistema electoral implantado durante la Segunda República. El mismo sistema que, por cierto, había dado la victoria a las derechas en 1933.

Y en aquel sistema había una cuestión fundamental: era importantísimo acudir en coalición.

El Frente Popular lo entendió. Y las derechas también.

De hecho, los partidos de derechas llegaron a aquellas elecciones convencidos de que iban a ganar. Tan convencidos que, cuando durante la madrugada comenzaron a llegar los primeros resultados, Gil Robles, líder de la CEDA, llegó a sacar prácticamente de la cama al presidente del Gobierno, Manuel Portela Valladares, para pedirle explicaciones.

Gil Robles hablaba de «graves motivos».

Vamos, que los resultados que estaban llegando no se parecían demasiado a los que esperaban.

Lo que siguió fue bastante significativo. Gil Robles pidió a Portela Valladares que no aceptara pasivamente los resultados y que declarara el estado de guerra.

Y parece que el teléfono de Gil Robles estaba ya bastante calentito para llamar a unos cuantos generales. Franco, calienta que sales.

Igual de calentito, me imagino, estaría el de Antonio Goicoechea, uno de los cabecillas de Renovación Española, que junto a Calvo Sotelo llevaba tiempo moviéndose en ambientes muy poco compatibles con la democracia.

Desde marzo de 1934, ellos mantenían contactos con la Italia de Mussolini y habían conseguido compromisos de apoyo material para una posible conspiración contra la República.

La conspiración, por tanto, no nació después de las elecciones.

Ya estaba ahí.

Portela Valladares terminó haciendo algo parecido a lo que había hecho Alfonso XIII en 1931.

Cogió las de Villadiego.

Y mientras el poder político se tambaleaba, algunos periódicos de derechas resumían perfectamente lo que había ocurrido:

«¿Qué ha pasado aquí?».

La respuesta era bastante sencilla.

Un terremoto electoral. El triunfo claro de las izquierdas.

En la primera vuelta, el Frente Popular consiguió imponerse en 33 de las 60 circunscripciones. Las derechas vencieron en 21.

El sistema electoral amplificaba enormemente las diferencias.

El Frente Popular obtuvo 259 diputados, frente a los 185 de las derechas.

Una mayoría absoluta.

Y no una mayoría pequeña precisamente.

Eran 22 diputados por encima de los necesarios para alcanzarla.

Con el paso de las semanas, Gil Robles fue enfriándose y terminó «aceptando», aunque fuera a regañadientes, lo que había sucedido.

Pero no todo el mundo dentro de la CEDA reaccionó igual.

Miles de jóvenes cedistas (alrededor de 15.000) abandonaron la organización y pasaron a engrosar las filas de Falange. Los fascistas necesitaban ‘tonto útiles’

Y ahí empezó a moverse aún más la coctelera.

Debido al sistema electoral, el 1 de marzo se celebró una segunda vuelta en aquellas circunscripciones (5 en total) donde ningún candidato había alcanzado el porcentaje exigido en febrero.

Y, con los resultados de la primera vuelta ya conocidos en todo el país, el Frente Popular volvió a mejorar sus resultados y consolidó su mayoría.

Es decir:

El Frente Popular ganó la primera vuelta.

Después ganó también las elecciones celebradas en segunda vuelta.

Y todavía quedaban por resolver las denuncias y reclamaciones.

Por supuesto, tampoco debemos idealizar las elecciones de aquella época.

España venía de décadas de caciquismo, pucherazos y manipulación electoral durante la Restauración. Las irregularidades existieron y se produjeron denuncias en distintos lugares.

Pero la mayoría de esas reclamaciones fueron resolviéndose sin alterar de manera decisiva el resultado general.

La madre del cordero, aquello en lo que se basan fundamentalmente los revisionistas actuales, se encuentra en tres lugares:

Cáceres, Granada y Cuenca.

Y aquí hay que tener presentes dos cuestiones.

La primera: las irregularidades no favorecieron siempre al Frente Popular.

La segunda: incluso aceptando la hipótesis de una revisión completamente favorable a las derechas, el Frente Popular habría mantenido una mayoría parlamentaria suficiente.

En Cáceres, finalmente, las elecciones no fueron anuladas.

Pero en Granada y Cuenca sí se repitieron.

Y las derechas se tomaron aquellas nuevas elecciones muy en serio.

No porque unos pocos escaños pudieran cambiar el resultado general —ya no podían hacerlo—, sino porque aquellas elecciones podían servir para colocar en las Cortes a determinados personajes.

Personajes que, desde dentro, podían contribuir a acabar con el sistema.

Por si la calle no era suficiente.

En Granada, las derechas sustituyeron a algunos de sus candidatos iniciales por hombres vinculados a Falange, algunos de ellos encarcelados por conspiración.

Y esto tiene su gracia.

Falange se había presentado en solitario en febrero y su resultado había sido un fracaso electoral absoluto.

No les había votado ni su madre.

Como ahora, vamos. Pero ahí siguen en esta ‘sacrosanta dictadura’ del XXI

En la nueva elección granadina, el Frente Popular volvió a imponerse.

La repetición electoral no cambió lo fundamental.

En Cuenca ocurrió algo todavía más curioso.

Se intentó modificar la candidatura de derechas para incluir a José Antonio Primo de Rivera y al general Francisco Franco.

Dos auténticos adalides de la democracia.

La operación no salió como esperaban.

Para convencerlos mediaron figuras como Goicoechea y Ramón Serrano Suñer, pero José Antonio, por ejemplo, no quería ver a Franco ni en pintura.

El jefe de Falange comenzaba a sospechar que Franco estaba claramente orientado hacia un golpe de Estado militar.

Y José Antonio tenía otra idea.

Él quería que la transformación revolucionaria procediera, al menos en apariencia, de la movilización de la sociedad y no de un simple pronunciamiento militar.

Franco terminó por no presentarse en Cuenca junto a José Antonio y, finalmente, ninguno de los dos consiguió el escaño.

El supuesto gran «pucherazo» de Granada se había apoyado inicialmente en irregularidades cometidas en 22 pueblos, vinculadas en buena medida al funcionamiento de las viejas redes caciquiles.

Se repitieron las elecciones.

Y volvió a ganar el Frente Popular.

Lo mismo ocurrió en Cuenca.

Así que, después de todo el proceso —primera vuelta, segunda vuelta, revisión de actas y repetición de elecciones— ocurrió algo bastante incómodo para quienes defendían que la victoria de febrero había sido un fraude:

El Frente Popular no sólo no perdió su mayoría.

Terminó consiguiendo todavía más escaños.

Leer más: Episodio VI: El Loro del gobierno ilegítimo

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