Ｄａｎｉｅｌ Ｇａｒóｆａｎｏ

Iniciamos con esta serie una labor necesaria: desmontar, mediante datos y evidencia histórica, las falacias, mentiras y tergiversaciones que el franquismo construyó —y que aún hoy persisten— sobre uno de los periodos más oscuros de nuestra historia: el tramo comprendido entre 1931 y 1975. Seamos sinceros: es una etapa que nunca se cerrará del todo. Por ello, quienes leemos, enseñamos o investigamos sobre este tema, tenemos la obligación moral de evitar que las narrativas impuestas desde la época de nuestros abuelos sigan vigentes.

El siguiente párrafo servirá de preámbulo para cada entrega, pues constituye la clave de todo el análisis:

«Toda explicación carecería de rigor sin un dato fundamental: sin el golpe de Estado no se habría producido ni la guerra ni la posterior dictadura. Las atrocidades cometidas, tanto durante como después del conflicto, no habrían tenido lugar; este es un hecho innegable para quien desee comprender la realidad. Por lo tanto, todo lo que aquí exponemos para aclarar la verdad tiene unos responsables directos: las élites económicas, como Juan March; las élites católicas, como el cardenal Isidro Gomá y Tomás; las élites políticas, como Gil Robles y Calvo Sotelo; y, por supuesto, el brazo ejecutor: los generales traidores a la patria como Mola, Goded, Queipo de Llano y Franco, entre otros. Tampoco podemos olvidar a dos actores decisivos que inclinaron la balanza: Hitler y Mussolini».

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En esta primera entrega, abordaremos la falacia que equipara la violencia ejercida en la zona republicana con la de la zona golpista. Si bien hubo violencia en ambos bandos, su naturaleza y ejecución fueron radicalmente distintas.

En la zona fiel a la República, la violencia surgió como consecuencia del colapso del Estado. Tras el golpe, el gobierno perdió el control y, en ciudades como Madrid o Barcelona, la defensa recayó en el pueblo, los sindicatos y los partidos políticos, que se vieron obligados a armarse. Durante los primeros meses, descabezado el mando militar y las fuerzas de seguridad, el gobierno republicano tuvo dificultades extremas para controlar esta situación mientras intentaba, simultáneamente, sostener el frente.

No obstante, a medida que el gobierno recuperó  autoridad a partir de 1937, la violencia fue contenida y reducida paulatinamente. Es ilustrativo el caso del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, quien intentó ayudar a escapar a personas afines a los golpistas que estaban siendo señaladas por milicias anarquistas. (Irónicamente, el propio Companys fue más tarde detenido por la Gestapo en el exilio, entregado a la dictadura franquista y fusilado el 15 de octubre de 1940).

En el bando sublevado, la realidad fue muy distinta. La violencia no fue un efecto colateral ni un arrebato de descontrol, sino una política alentada por las autoridades golpistas. Ya en la primavera de 1936, el cerebro de la sublevación, el general Emilio Mola, dictaba instrucciones claras:

«Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas».

«Es necesario propagar una atmósfera de terror, tenemos que crear una impresión de dominación, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros».

La violencia fue, por tanto, un plan diseñado antes de la guerra. No solo se prolongó durante los tres años de conflicto, sino que se institucionalizó en la posguerra. Los datos desmienten la tesis de la equivalencia: en la zona sublevada, las víctimas mortales casi triplicaron a las de la zona republicana (aproximadamente 150 000 frente a 50 000).

En conclusión, la violencia no fue igual ni en magnitud, ni en planificación, ni en contexto. La de los golpistas fue sistémica, institucional y planificada desde el mando militar para el exterminio del adversario. La de la zona republicana fue reactiva, producto del colapso estatal, ejecutada en gran medida por milicias y frenada gradualmente conforme el gobierno recuperó el orden público.

Siguiente capítulo: Episodio II: La falacia de 1934